Ricardo Rosanía

Elevado y Torcido

Las irregularidades y  torcida de pescuezo a la ley 80 de 1993 y al Régimen de Contratación Pública se hacen a plena luz del día en la Alcaldía de Enrique Peñalosa con su proyecto  metro  fantasma. Ilegalidades que los organismos de control y la fiscalía se niegan a ver y guardan absoluto silencio a pesar de la ola de escándalos de corrupción en las megaobras, que por estos días, sacuden al país; pero aquí en el Vigilante.co le cantamos la tabla y describimos con pelos y señales lo que pasa con el metro elevado y torcido que Peñalosa le ofrece a los bogotanos.

En junio 13 de 2016,  la oficina de control interno del IDU, presentó el informe  final de Auditoria Proyecto Metro, con número de Memorando: 20161350086703, por el cual hace un balance y evaluación de lo sucedido a la fecha con la ejecución del proyecto metro. Señala la auditoria que, el convenio 1880 de 2014, se suspendió el 13 de diciembre de 2016, a solicitud del alcalde electo Enrique Peñalosa, en reunión llevada a cabo el 30 de octubre 2016, en las instalaciones de  la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), en donde el alcalde electo manifestó introducir cambios importantes en los diseños elaborados durante la Fase de Ingeniería Básica avanzada del subterráneo.

En la Observación número 10, de la auditoria de control interno del IDU, se evidencia con claridad la irregularidad efectuada con relación a la modificación del objeto del convenio 1880 de 2014, por parte de la Administración Peñalosa. Al respecto el informe de auditoría señala lo siguiente: “las modificaciones introducidas en el alcance del objeto en lo que hace referencia a la fase 2  Estructuración Integral, así como a las actividades y productos, se identifica un cambio total para la ejecución del proyecto respecto a lo establecido inicialmente, lo cual eventualmente retrasaría la misma  dado a los cambios en la concepción de subterráneo a elevado.

En la Observación 11, se identifica  una nueva ilegalidad contractual con relación a la desnaturalización jurídica del convenio cuando se cambian los roles de las entidades y  la modalidad de contratación pública en cabeza del IDU y se le traslada la responsabilidad contractual a la FDN, bajo la misma figura jurídica del convenio que lo desvirtúa totalmente,  advierte esta irregularidad el informe de auditoría: “Ahora bien, y conforme a lo establecido en el convenio y al régimen de contratación que aplica para la Financiera de Desarrollo Nacional, será esta entidad la responsable de la contratación de los nuevos estudios que se deriven de la modificación realizada al convenio en lo que hace referencia a la Fase 2 “Estructuración Integral”, es decir que no se contratará bajo el régimen de contratación pública sino bajo lo establecido en el “Manual de Compras y Administración de Bienes” que establece entre otros aspectos que “… la FDN aplicará los principios de la función administrativa y de la Gestión Fiscal”.

No obstante a las  anteriores irregularidad, es el 10 de enero  de 2017, la puerca tuerce el rabo y bien feo, el gobierno del Presidente viabiliza el metro elevado a través del  Conpes  3882, sustentado en un estudio fase 1 de pre factibilidad con el cual tumba el estudio fase 3 de ingeniería de detalle del subterráneo, la estructuración financiera y la estructuración de la  licitación.

Aberrante antecedente para el Departamento Nacional de Planeación -DNP- que funge  como la Secretaría Técnica del Conpes. La entidad técnica de la nación, que después que el Distrito terminará el estudio de factibilidad le exigió la validación de dicho estudio y que luego a través del Conpes  3677 de 2010,  exigiera estudio de suelo de caracterización geológica geomorfológica y  geotecnia, así como el estudio de transferencias para los posibles corredores  del sistema metro. Estudios que el 2013 contrataría el Alcalde Petro y lo llevaría a nivel de ingeniería de detalle fase 3, pero que además le exigieron estudios de impacto ambiental,  de captura de valor del suelo e ingeniería de valor. A pesar que el gobierno de la Bogotá Humana cumpliera con todas las anteriores exigencias en rigor nunca se le aprobó un Conpes para la declaratoria de importancia estratégica,  para así poder hacer la licitación del Metro Subterráneo, por valor de $15 billones de pesos, de 29 Kilómetros de longitud con 27 estaciones.

Pero sorpresas te la vida en el país de las maravillas chuecas, los mismos técnicos  del -DNP-  que exigieron con tanto rigor las tres fases de ingenierías del subterráneo más estudios complementarios y que dilataron el Conpes, sí esos  mismos tecnócratas, han aprobado para el metro elevado cinco (5) Conpes con tan un solo estudio de prefactibilidad fase 1, sí los mismos técnicos le aprobaron la  declaratoria de importancia estratégica y aprobaron recursos de la nación para el componente férreo por $15 billones, más 7 billones del Distrito (22 billones de pesos),  para un metro elevado y torcido de 19 Kilómetros y solo y 16 estaciones, con 10 kilómetros menos que el propuesto por la Bogotá Humana y 11 estaciones menos. ¿En dónde está el interés general?

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