Demandas internacionales desconocen el ordenamiento jurídico colombiano

Hace tres años, la Contraloría General de la República produjo un fallo fiscal donde determinó que la compañía: Prodeco y otros involucrados, deben resarcir al Estado colombiano en la suma de $60.023 millones de pesos por un daño patrimonial en esta cuantía.

Conforme a lo previsto en la Ley 610 de 2000, Prodeco elevó demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, hizo uso también del Tribunal Internacional llevando la disputa con el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones -CIADI.

Redacción ELVIGILANTE.CO

La institucionalidad del control fiscal se ha visto afectada por nuevos riesgos frente a su ejercicio constitucional y legal y uno de ellos es consecuencia del mal uso de instrumentos de protección a la inversión extranjera, como los tratados internacionales de libre comercio.

Los responsables fiscales han buscado ampararse en los mismos para evadir las decisiones de los órganos del control fiscal, desconocer el ordenamiento jurídico de Colombia en la materia, e introducir al Estado colombiano en acciones de carácter internacional, que no deberían caber en este tipo de asuntos.

En próximo días en el seno del CIADI, institución del Banco Mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales, se proferirá una importante decisión en el caso Prodeco- Glencore.

Esta compañía demandó no sólo ante dicho Tribunal Internacional sino también en la jurisdicción contencioso administrativa en Colombia (Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca), un fallo de responsabilidad  fiscal por el detrimento al patrimonio público, causado por la minera y otros servidores públicos que lesionaron los intereses patrimoniales del Estado colombiano.

Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca cursa una acción de nulidad y restablecimiento del derecho iniciada por Prodeco, por el fallo de responsabilidad fiscal.

El daño patrimonial se produjo al modificar un contrato de gran minería con el cual se disminuyeron las regalías y otras contraprestaciones económicas que venía recibiendo el Estado colombiano, recursos públicos con los cuales se atienden las necesidades básicas de las poblaciones más vulnerables del país.

El fallo de la Contraloría

Mediante auto del 21 de agosto de 2015, y actuando como segunda instancia, el Despacho del Contralor General de la República, confirmó la ocurrencia de un daño de: $60.023 millones de pesos causado a los intereses patrimoniales del Estado y la declaratoria de responsabilidad fiscal de contra: C.I. Prodeco S.A. y otros involucrados (Prodeco es propiedad de la multinacional Glencore).

El fallo con responsabilidad fiscal se originó en el detrimento patrimonial que le representó al Estado el ajuste que se hizo, mediante el otrosí Número  8 del 28 de enero de 2010, al Contrato de Gran Minería 044 de 1989 suscrito por Ingeominas con C.I. Prodeco.

Como consecuencia de ese otrosí, el Estado dejó de recibir regalías y contraprestaciones económicas en una cifra de pesos equivalente a la de la condena, por la explotación de la mina de carbón Calenturitas, en el departamento del Cesar.

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